TC admite demanda de inconstitucionalidad contra la “ley antiforestal”, que deja impune a economías ilegales en la Amazonía y promueve la deforestación

Se han admitido 3 demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, el Gobierno Regional de San Martin y del Colegio de Abogados de Lambayeque

TC admite demanda de inconstitucionalidad contra la “ley antiforestal”, que deja impune a economías ilegales en la Amazonía y promueve la deforestación

Difusión

Este martes, 2 de julio de 2024, se dio a conocer que el Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao contra la Ley 31973, conocida como la ‘Ley Antiforestal’, criticada ampliamente por promover la deforestación de los bosques en todo el territorio nacional para que se instalen áreas de cultivo, la degradación de los ecosistemas boscosos y la impunidad de delitos forestales ya cometidos en la Amazonía peruana. La norma, además, vulnera la gobernanza y en especial de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades que habitan en la Amazonia, así como en las inmediaciones de los bosques en todo el país.

La admisión de esta demanda es resultado de un esfuerzo de la sociedad civil, aliados estratégicos y especialistas en la materia, quienes, con sus aportes, facilitaron su elaboración. Desde la sociedad civil organizada y organizaciones de pueblos indígenas, ya se han hecho esfuerzos para explicar por qué la ‘Ley Antiforestal’ generaría efectos graves en el medio ambiente con énfasis en nuestra Amazonía.

Asimismo, estas preocupaciones han sido recogidas por órganos internacionales, como el relator de Pueblos Indígenas de la ONU, quien advirtió a Perú que dicha norma incentiva el despojo y tala en tierras indígenas, además de fomentar la impunidad de actividades ilegales en los bosques y aumentar la violencia contra defensores de derechos indígenas.

Diversos congresistas de la República, y en su momento los Ministros de Desarrollo Agrario y del Ambiente, Juan Carlos Castro y Ángel Manero, justificaron que la Ley Antiforestal respondía a la necesidad de adecuarse a las exigencias del reglamento para certificar productos libres de deforestación de la Unión Europea, la cual entra en vigor el 01 de enero de 2025. Esto ha sido desmentido en reiteradas ocasiones por la propia Unión Europea a través de su representante Oliver Couplex, Jefe de la sección Económica y Comercial de la UE.[1]

Ley 31973 promueve deforestación y desconoce existencia de los PIACI

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que la ‘Ley Antiforestal’ busca desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). “Tanto la ley antiforestal como la ley anti-PIACI tienen la misma matriz, que es abrir las puertas de la Amazonía para llevar adelante actividades como la actividad forestal, la actividad maderera, la actividad petrolera, entre otros, y que podría dar pie también al incremento de la minería ilegal, que viene aumentando bastante en el país en la Amazonía”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, subrayó que se trata de una norma que pone en riesgo la regulación de actividades extractivas en la Amazonía. “Lo que hace esta norma es desregular el sector ambiental, el sector forestal, y ese espacio lo ocupa la minería ilegal, madereros, traficantes de tierra, cocaleros, narcotráfico, empresas de palma aceitera, y estos grupos están desplegando economías ilegales que están destruyendo tejido social. Esta norma lo que hace es desregular, alimenta ese repliegue [del Estado], le quita brazos al Ministerio del Ambiente”. sostiene.

En ese sentido, según el decano del Colegio de Sociólogos de Lima, Majed Velásquez Véliz, el principal problema con esta ley es que podría causar conflictos entre comunidades amazónicas y campesinas. “La falta de un proceso de consulta previa y consentimiento es un problema crítico, ya que este proceso es esencial para asegurar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y sus opiniones sean tenidas en cuenta antes de la aprobación de cualquier proyecto o legislación que los impacte directamente”, remarcó.

Al momento, han sido admitidas otras 02 acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley antiforestal o 31973 por parte del Gobierno Regional de San Martin y la del Colegio de Abogados de Lambayeque. Asimismo, en el mes de febrero tanto el Gobierno Regional de Huánuco[1] como el de Amazonas[2] rechazaron mediante comunicados la aprobación de la referida ley antiforestal, y solicitan al Congreso derogarla por considerarla lesiva a los intereses de los pueblos amazónicos.

Fotografía: RICHARD BARNESNAT GEO IMAGE COLLECTION


[1] https://www.infobae.com/peru/2024/06/04/union-europea-desmiente-vinculo-entre-la-modificacion-de-la-ley-forestal-en-peru-y-el-reglamento-de-cero-deforestacion/

[2] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=713668840953277&set=a.179560611030772&type=3&ref=embed_post

[3] https://www.facebook.com/GobiernoRegionalDeAmazonas/posts/806638248169092?ref=embed_post