Por Lorena Mendoza, Comunicadora para Perú, y Guisela Loayza, Asesora legal de ACSA
Tras el veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, los pueblos advierten que la experiencia de décadas de actividad petrolera demuestra que no existen condiciones para reactivar el lote y exigen al Estado detener la expansión de los combustibles fósiles en territorios indígenas.
Luego del veredicto emitido el pasado 19 de agosto por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, representantes de las naciones Chapra, Achuar y Wampís llegaron a Lima para dar a conocer la importancia de la sentencia y las razones por las cuales defienden sus territorios frente a la intención estatal de reactivación del Lote 64.
Durante esta semana, los líderes participaron en entrevistas con medios televisivos, radiales y escritos de alcance nacional para llevar un mensaje común: no a la reactivación del Lote 64 y alto a la promoción de nuevos lotes petroleros en territorios indígenas y áreas de especial protección. Así como dejemos la dependencia nociva al petróleo y avancemos para diversificar nuestras fuentes de energía.
El pronunciamiento del Tribunal, emitido en Puyo, Ecuador, constituye para las tres naciones un respaldo ético a una lucha sostenida por ellas desde hace 30 años. El Tribunal pidió al Estado peruano suspender la reactivación del Lote 64, respetar los derechos de consulta y consentimiento previo, restaurar los ecosistemas afectados y garantizar la protección de las personas defensoras de la naturaleza.
Tatiana Roa, Jueza del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza expresó “Su resistencia importa, conocimiento importa, su defensa del territorio es legitimado como un futuro posible porque quizás la justicia no consiste únicamente en reparar el daño después de que ocurre también consiste en garantizar que un pueblo pueda seguir siendo pueblo, que un territorio sea un territorio de vida.”
Más de tres décadas de lucha
El Lote 64 se ubica en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, en Loreto, y se superpone a territorios ancestrales de las naciones Chapra, Achuar y Wampís, directamente sobre 22 de sus comunidades nativas. Pero el riesgo no se limita al área del lote: el crudo sería transportado mediante barcazas por el río Morona, un sistema del que dependen diversas comunidades indígenas, para ser bombeado en la estación morona al Oleoducto Nor Peruano, de acuerdo a información de Petroperú y al fallido estudio de impacto ambiental presentado por GEOPARK el 2019.
Son 33 años de lucha sostenida de estas tres naciones contra la explotación del Lote 64. Su rechazo se basa también en experiencias concretas de contaminación ocurridas en sus territorios y en zonas vecinas.
En las entrevistas brindadas a medios de comunicación los representantes mencionaron la situación de contaminación por derrames y por pasivos ambientales que viven los pueblos indígenas alrededor del Lote 192 y Lote 8. Al respecto, Olivia Bisa, Presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra indicó “Sus hijos e hijas tienen su sangre contaminada con plomo, cadmio, metales pesados. Tienen su futuro contaminado.”
Los pueblos sostienen que pese a que el Lote tiene sus actividades suspendidas desde el 2020, ellos mismos han sufrido derrames vinculados a la infraestructura petrolera en 2016, 2019, 2022 y 2024. Entre los más recientes, recuerdan el ocurrido en septiembre de 2022, cuando se produjo una ruptura del Oleoducto Norperuano a consecuencia de la corrosión, de acuerdo a los hallazgos de OEFA. Este derrame afectó la vida y la salud de las comunidades de las naciones Wampís y Chapra.
Las comunidades denunciaron demoras en las labores de contención y afectaciones a quebradas y cochas utilizadas como fuentes de agua principal y de alimentación, pues los peces son la base de su alimentación, además que estas comunidades no cuentan con servicio de agua entubada. La presidenta de la Nación Chapra, afirmó que el liderar la alerta sobre este ecocidio causó que fuera denunciada penalmente en cuatro ocasiones por Petroperú alegando la obstaculización de la remediación, acusaciones infundadas pues ella no se encontraba en el distrito. Una de esas denuncias ha sido archivada.
En 2024, PETROPERÚ a través de su contratista se encontraba haciendo un ensayo de presión en el Ramal Norte y en consecuencia se rompió en el Km 12, el ducto en esta zona se ubica en el lecho del río Pastaza. El crudo se diseminó rápidamente al río y se extendió hacia lagos, cochas, chacras además de las riberas afectando a más de 13 comunidades de las naciones Achuar y Kichwa, mencionó Elmer Kunchim Presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Debido a que no existe agua potable, el crudo arruinó las principales fuentes de agua y de alimentación para sobrevivir. Las comunidades denuncian hasta el día de hoy, que todavía encuentran restos de hidrocarburos en estos ecosistemas.
De acuerdo a la información oficial generada por OEFA y OSINERGMIN procesada en el “Informe de las Sombras de los Hidrocarburos” (2024), de 1997 a mayo de 2023 en el Perú ocurrieron 1460 derrames y fugas de hidrocarburos, de ellos, 831, el 57% fueron en la Amazonía, es decir en territorios indígenas y el 43% en la costa peruana, en territorios de comunidades de pescadores. Y la tendencia se eleva, pues el promedio anual de derrames entre el 2021 al 2023 ha incrementado en 353% (promedio de 146 derrames por año), más de tres veces en comparación al promedio anual de derrames ocurridos entre los años 1997 al 2019 periodo en el que el promedio era de 41.3 derrames por año. Petroperú acumula 191 derrames, ocupando el segundo lugar entre las empresas con más derrames acumulados.
Al respecto, los líderes destacaron en las entrevistas que el 72 % de los derrames de crudo de petróleo corresponden a fallas operativas y corrosión de acuerdo a los resultados del informe arriba señalado.
Para los pueblos, estos episodios muestran que los impactos de la actividad petrolera permanecen durante años y afectan directamente el agua, la alimentación y la vida de las comunidades.
Un proyecto cuestionado y derechos pendientes
A las experiencias de contaminación se suman cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental presentado por GEOPARK el 2019, antigua operadora del Lote 64. El estudio recibió más de 100 observaciones, varias de ellas formuladas por las naciones Achuar y Wampís, relacionadas, entre otros aspectos, con la identificación de pasivos ambientales existentes en la zona los cuales no pueden quedar desatendidos, la insuficiente información sobre la gestión de residuos y el transporte de crudo a través de embarcaciones por el río Morona. La empresa no subsanó las observaciones, desistió del procedimiento y dejó de operar el lote en 2020.
Las tres naciones también sostienen que el proyecto resalta por el incumplimiento de su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, y cuestionan que se pretenda reactivar sin resolver estos problemas.
Nuestros territorios no son zonas de sacrificio
La defensa del territorio también ha colocado a los líderes indígenas en una situación de riesgo. Olivia Bisa cuenta con garantías personales debido a las amenazas que ha recibido, pero sostiene que estos mecanismos no funcionan adecuadamente en la Amazonía, donde la presencia estatal es limitada.
Frente a la reactivación del Lote 64, las tres naciones plantean una alternativa: dejar de ampliar la frontera petrolera, avanzar hacia una transición energética y atender los daños ocasionados en la salud de las comunidades y de la naturaleza por décadas de actividad extractiva.
Para las naciones Chapra, Achuar y Wampís, la transición energética no puede significar únicamente dejar de abrir nuevos proyectos: también debe implicar sanar los territorios y las comunidades que las cuidan y que ya fueron dañados por esta industria impuesta.
