Habemus Plan de Acción

Habemus Plan de Acción

Por Karla Maass

Luego de casi dos años de trabajo, liderados por los representantes de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves, que incluyen algunas instancias para la recepción de observaciones (participación), los países miembro del Acuerdo de Escazú, se dieron cita en la COP3 en Santiago de Chile para adoptar el Plan de Acción sobre Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. 

Llegamos a la COP con la segunda iteración del Plan de Acción y la claridad de que requería algunas adecuaciones o precisiones para asegurar que fuese claramente operacionalizable y atendiese las necesidades de las personas y grupos defensores en el territorio. Llegamos a la COP, por tanto, con una cuota de esperanza respecto de la posibilidad de abrir un espacio de debate en miras de incorporar las visiones de grupos y pueblos defensores que no han sido contempladas en el proceso. Bien sabemos que los  procesos de participación virtual dejan a un gran número de personas, muchas defensoras de sus territorios, sin posibilidad de compartir sus perspectivas que, sin duda, contribuyen a fortalecen el diseño de los instrumentos al considerar sus necesidades y desafíos.

No obstante, los países y la presidencia estaban más interesados en bajar el martillo y aplaudir este logro que en abrir espacios para su mejora. La sociedad civil, y las organizaciones indígenas, buscaron abrir una discusión entre los países, que, lamentablemente no permeo más que entre nosotros mismos. Es decir, no se logró que los países volviesen a introducir la tabla o anexo, que existia en la primera iteración, con los responsables y plazos de ejecución por líneas de acción ni que se estableciese un marco de tiempo para el desarrollo de los programas de implementación, propuestos en el numeral D2. No vimos compromisos para mantener el Foro de Defensores de manera anual, ni la apertura respecto de la posibilidad de incluir a personas defensores en el Grupo de Trabajo Ad hoc establecido al respecto, ambos aspectos clave de las reclamaciones de las organizaciones indígena ( para conocer más al respecto ver acá).  

Pero no nos vamos con las manos vacias, nos vamos con la enorme tarea de empujar para que cada uno de los Estados parte tome cartas en el asunto de manera rápida y efectiva para implementar el Plan y asegurar que este se transforme en el piso mínimo de las acciones país en la región. El Plan de Acción debe robustecer la legislación nacional e ir generando una institucionalidad con capacidad de respuesta para atender a las situaciones de hostigamiento, amenazas y asesinatos de quienes defiende su territorio. Cautelar los derechos de las personas y los pueblos defensoras a desarrollar sus actividades en ambientes propicios y seguros debería ser un talante a nivel país, en tanto son quienes nos viabilizan la posibilidad de vivir en un medio ambiente sano y, con ello, la posibilidad de gozar del resto de nuestros derechos. En en contexto, será clave que el diseño e implementación de plan a nivel país establezca mecanismos efectivos para asegurar la participación y comunicación con las organizaciones y pueblos indígenas para mitigar las ausencias en el proceso del diseño regional y avanzar hacia un instrumento que permita otorgar garantias y resguardos a las personas y pueblos defensores. 

Y más allá del plan, será fundamental volver a mirarnos a los ojos y agradecer a las personas y pueblos defensores por proteger sus medios de vida y territorios, ya que sin esa defensa nuestro planeta probablemente tendría menos bosques, menos aguas dulce y por cierto menos culturas y diversidad.

Fotografía: CEPAL