El 23 de agosto de 2022, en la ciudad de Brasilia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó adelante la audiencia pública dentro de uno de los casos más trascendentes de la historia judicial interamericana, debido a que es el primero en el que aborda la compleja problemática de los pueblos indígenas en aislamiento.
La sentencia del Caso Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador será la oportunidad para que el más alto tribunal de justicia de las Américas establezca precedentes obligatorios respecto al contenido y alcance de los derechos de estos pueblos que habitan en la profundidad de la selva oriental del Ecuador y en otros países amazónicos y del Gran Chaco.
Los pueblos indígenas en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población mayoritaria no indígena, y que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo.
Se estima existen alrededor de 200 pueblos indígenas en aislamiento en América del Sur y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Sus territorios son permanentemente presionados por actividades como la explotación hidrocarburífera, minera, maderera, construcción de infraestructura, colonización, violencia directa. En el caso de los Tagaeri y Taromenane, se han debido lamentar masacres en 2003, 2006 y 2013 en las que decenas de hombres, mujeres, niños y niñas sufrieron muertes violentas, sin que el Estado ecuatoriano haya tomado acciones efectivas y adecuadas ni para prevenirlas y proteger la vida de los integrantes de estos pueblos, ni para investigar a profundidad y establecer las autorías directas y mediatas, pese a que reiteradamente se han señalado a intereses madereros y petroleros como sus mentalizadores.
La audiencia estuvo precedida por 16 años de lucha, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde un grupo de activistas ambientales presentaron la denuncia en 2006 y ante quien se aportaron pruebas y argumentos técnicos y antropológicos hasta llegar al Informe de 2019 que estableció responsabilidades internacionales en el Estado ecuatoriano y recomendaciones de medidas de reparación que no fueron cumplidas. A partir de entonces se inició una segunda etapa del proceso, ante la Corte Interamericana, en la que el Estado de Ecuador es juzgado por las violaciones de derechos humanos que han sufrido estos pueblos.
A lo largo de estos años el caso ha sido impulsado por un equipo de representantes de las víctimas conformado por los denunciantes originales; el movimiento YASunidos; y, la CONAIE como organización nacional indígena con el patrocinio legal de Fundación Pachamama y el Centro de Derechos Humanos de la PUCE.
En la audiencia se escucharon testimonios y peritajes, así como alegatos tanto de las representaciones de las víctimas como de la Comisión Interamericana y del Estado. Fue muy destacable la atención brindada por los jueces y juezas de la Corte, que intervinieron en frecuentes oportunidades para requerir información y aclaraciones de los declarantes y de las partes, demostrando así el interés con el que siguen este importante caso.
El Estado ecuatoriano hizo, durante la audiencia, un reconocimiento de su responsabilidad internacional por no haber llevado adelante las investigaciones necesarias en torno a las masacres de los años 2003 y 2006. Por su parte, la representación de las víctimas saludó dicho reconocimiento, pero consideró que al ser parcial es insuficiente. Así, aunque es evidente que el Estado no cumplió su deber al dejar de investigar las masacres, tampoco tomó medidas para prevenirlas pese a que contaba con información oportuna sobre el riesgo que se cernía sobre los pueblos en aislamiento, lo que es más grave, ha contribuido a generar condiciones de riesgo para la vida de estos pueblos mediante su política de incentivar las actividades extractivas en zonas que constituyen su territorio ancestral.
La Corte concedió sesenta días a las partes para la entrega de alegatos finales escritos y luego procederá a dictar sentencia.
La opinión pública y en especial las organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos del continente siguen con mucha atención el desenlace de este litigio judicial que cobra gran significado en el contexto del temor global por el cambio climático. Los pueblos en aislamiento de la Amazonía son defensores de los bosques megadiversos que constituyen su hogar y que constituyen un factor clave para el equilibrio climático.
La sobrevivencia de los pueblos indígenas en aislamiento es, por tanto una causa que debe movilizar a la humanidad en su conjunto.