Por Karla Maass Wolfenson, Coordinadora Agenda Incidencia Global ACSA
En un momento marcado por la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de los conflictos socioambientales, el Acuerdo de Escazú es uno de los instrumentos más importantes para la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe. Su próxima Conferencia de las Partes (COP4) no es solo una reunión más, sino un momento clave para identificar claridad y nivel de ambición de los países respecto del rol de los derechos de acceso y la protección efectiva de los territorios y de quienes los defienden.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que vincula derechos de acceso (información, participación y justicia) con la protección explícita de las personas defensoras del ambiente, reconociendo que no hay gobernanza ambiental posible sin garantías para quienes sostienen esa defensa. Este vínculo no es menor en una región donde la violencia contra quienes defienden la tierra y los ecosistemas es sistémica y reconocida. América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente según reportes de Global Witness. Pero esta violencia no es aleatoria. Se concentra en territorios donde convergen intereses extractivos, alta biodiversidad y la presencia de pueblos indígenas y comunidades locales.
En este contexto, el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece obligaciones claras: los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio, proteger y promover los derechos de las personas defensoras y prevenir, investigar y sancionar ataques en su contra. Este estándar marca un punto de inflexión en el derecho ambiental internacional, al reconocer que la defensa del ambiente es inseparable de los derechos humanos.
Un plan de acción que requiere determinación para avanzar
En la COP3, los Estados Parte aprobaron el primer Plan de Acción regional para la implementación del Artículo 9. Este instrumento, con horizonte al 2030, constituye una hoja de ruta inédita para abordar la situación de las personas defensoras en el mundo y la región. Su rápida adopción, tras dos años de trabajo, da cuenta de la urgencia política del tema y de la presión sostenida de la sociedad civil y los pueblos indígenas.
Sin embargo, el verdadero desafío radica en la implementación, y la COP4 será fundamental para evaluar los progresos realizados, en particular en lo que respecta al avance del diagnóstico regional, que permitirá comprender con mayor precisión dónde, cómo y por qué ocurre dicha violencia contra las personas defensoras, y por tanto, cuáles son las medidas de mitigación y reparación necesarias. Es aquí donde la discusión sobre el Acuerdo de Escazú se vuelve estratégica. No se trata solo de proteger a individuos, sino también de proteger los territorios donde se juega el futuro ambiental de la región. Reconocer esta dimensión territorial es fundamental para que el diagnóstico regional en discusión en la COP4 no sea un ejercicio descriptivo, sino una herramienta para orientar políticas de prevención, identificar zonas críticas y priorizar medidas de protección colectiva. Esta dimensión territorial se vuelve especialmente evidente en la Amazonía y requiere que los países amazónicos ratifiquen el Acuerdo a fin de fortalecer la capacidad regional de respuesta ante la presión sobre los ecosistemas y los riesgos que enfrentan las comunidades.
Justicia ambiental: una oportunidad para avanzar hacia la prevención
Uno de los debates relevantes en la COP4 es el fortalecimiento del pilar de acceso a la justicia (artículo 8). Este apunta a establecer garantías para acceder a instancias judiciales y administrativas, así como a recursos efectivos, es decir, mecanismos que permitan reclamar y exigir derechos, impugnar decisiones y obtener respuestas oportunas ante daños o amenazas ambientales.
En el marco de la COP4, se espera avanzar en la discusión sobre cómo operacionalizar este pilar en la práctica. Esto abre preguntas clave sobre los mecanismos más adecuados para su implementación: si se requiere avanzar en la creación de espacios específicos de trabajo, como ocurrió en el proceso sobre personas defensoras, o si, en su defecto, es necesario explorar enfoques más integrales e innovadores, en coherencia con el Acuerdo de Escazú y sus principios de máxima participación e inclusión en la toma de decisiones.
En este contexto, la justicia ambiental en América Latina debe trascender hacia un enfoque con mayor capacidad preventiva. Este giro se alinea con desarrollos más recientes del derecho ambiental, que reconocen la necesidad de anticipar los daños antes de que ocurran. Esto abre una oportunidad para que los países fortalezcan mecanismos que permitan actuar tempranamente, mediante la posibilidad de cuestionar decisiones, exigir información, activar instancias institucionales y frenar intervenciones de alto impacto. En este sentido, fortalecer el acceso a la justicia no solo es una cuestión de reparación, sino también de anticipación y gestión de riesgos.
Una estrategia convergente: establecimiento de zonas de vida
En el marco de la COP4, los países darán cuenta de sus planes de acción nacional o de sus hojas de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú. Es precisamente en este espacio donde el establecimiento de zonas de vida como estrategia prioritaria de acción se presenta como una oportunidad clave para avanzar en una implementación más efectiva, territorializada y coherente con los desafíos que enfrenta la región y garantizar los derechos de acceso.
Incorporar este enfoque en las hojas de ruta nacionales puede contribuir significativamente a fortalecer la protección de las personas defensoras, al focalizar esfuerzos en los territorios de mayor riesgo, y a orientar la acción pública hacia medidas de prevención, protección y gestión territorial más integrales y, permite avanzar con compromisos globales en materia de clima y biodiversidad.
En el contexto de la COP4, esto representa una oportunidad concreta para que los Estados pasen del compromiso a la acción, integrando enfoques territoriales que articulen la gobernanza ambiental, la protección de derechos y la transición justa. La inclusión de zonas de vida como parte de las estrategias de implementación no sólo fortalecería el alcance del Acuerdo, sino que también permitiría responder de manera más efectiva a la complejidad de las crisis que enfrenta la región.