Por Segundo Chuquipiondo
El viaje hasta la comunidad Achuar de Siwin no se mide solo en horas. Navegar por el Marañón y luego internarse en el río Pastaza es recorrer una de las arterias vitales de la Amazonía norperuana, donde los ríos no solo comunican territorios sino que alimentan, curan y sostienen la vida de los pueblos Achuar, Kichwa y Kandozi que comparten esta cuenca ancestral.
“Los niños tienen diarrea, ronchas en la piel, vómitos y la barriga hinchada. Los peritos toxicológicos nunca llegaron y no hubo remediación ni compensación por parte de la empresa”, denuncia Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP).
La travesía es exigente. Palizadas, remolinos y playas que emergen sin previo aviso obligan a detener la embarcación una y otra vez. Pero el mayor obstáculo no es natural. En el río Pastaza, el paisaje cambia abruptamente: el verdor se mezcla con una marca oscura que no se disuelve. La contaminación provocada por un derrame de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano a causa de una falla operativa del concesionario de PetroPerú, en octubre de 2024, sigue presente y sus efectos continúan golpeando a las comunidades ribereñas.
No es un hecho aislado y, a pesar de que el pueblo Achuar reiteradamente ha expresado su rechazo a la actividad petrolera, la presencia de las empresas extractivas sigue proyectando su sombra sobre el territorio. Espinar recuerda que el primer derrame ocurrió en 2018. El segundo, seis años después. Entre ambos, promesas incumplidas por el Estado peruano.

“Los niños tienen diarrea, ronchas en la piel, vómitos y la barriga hinchada. Los peritos toxicológicos nunca llegaron y no hubo remediación ni compensación por parte de la empresa”, denuncia Jacob Espinar, Presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP).
Siwin: la contaminación que atraviesa la vida

La comunidad de Siwin, reconocida hace 36 años y conformada por unas 120 familias, enfrenta una crisis multidimensional. El río que atraviesa la cocha que da nombre a la comunidad está contaminado y el agua que se consume, los peces que se comen y la salud de quienes viven allí están directamente afectados. Asimismo, la falta de infraestructura básica, atención sanitaria y un sistema de educación inadecuado empeoran la situación.
Las consecuencias son graves: enfermedades gastrointestinales recurrentes, afecciones en la piel, problemas respiratorios y denuncias de malformaciones en niños y niñas. Desde marzo de este año, las autoridades comunales han alertado, también, sobre un brote epidémico en la zona. Hasta hoy, la respuesta del Estado sigue siendo escasa.
Lidia Dahua Suñiga, madre indígena achuar, habla entre lágrimas: “Tuve que enterrar a otros hijos. Tengo familiares que han muerto en el camino a San Lorenzo porque no tenemos ambulancias fluviales ni medicamentos aquí. Nos dejan morir despacio”.
En territorios donde el río es la única carretera, la ausencia de ambulancias acuáticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, esa urgencia no parece formar parte de la agenda pública.
“El Estado está ausente”, repiten los líderes comunales. Pedro Dawa, monitor ambiental, lo resume con crudeza: “Debajo de la cocha Siwin el petróleo sigue fluyendo. La respuesta siempre es la misma: nada”.
Una cuenca, muchas comunidades, el mismo abandono

La ruta continúa hacia Huagramona y luego a Buenavista. El patrón se repite. Escuelas cerradas, centros de salud sin personal ni medicamentos, comunidades obligadas a convivir con los impactos de más de medio siglo de actividad petrolera en la Amazonía y el total abandono estatal.
Las enfermedades son las mismas: diarreas constantes, inflamaciones, problemas cutáneos y respiratorios. Frente a ello, el Estado responde —cuando responde— con paracetamol. Nada más.
La noche cae en Solplin, comunidad Kichwa. Allí, David Chino, Presidente de la Nación Inka, explica que la contaminación petrolera es el principal problema de su nación y que es clave avanzar en la delimitación territorial para favorecer la protección del territorio.
“Tenemos un establecimiento de salud sin medicinas. Muchos hermanos han muerto porque no hay cómo atenderlos ni trasladarlos a tiempo. Para todo nos quieren dar un paracetamol”, denuncia.
Resistencia que cuida los territorios de vida

El recorrido continúa hacia Huasaga, Loboyacu y Suncache, siguiendo el río hasta llegar a Musakarusha. Allí, la resistencia adopta otra forma. Valvina Sundi, lideresa kandozi, dedica sus días a la crianza de taricayas. Más de dos mil “charitos” —crías de tortugas— serán liberadas pronto en el lago, como parte de un esfuerzo comunitario por recuperar lo que la contaminación amenaza con desaparecer. En un territorio herido, Valvina siembra esperanza. Su trabajo no aparece en informes oficiales, pero sostiene el equilibrio de la vida amazónica.
Un grito que no puede seguir ignorándose
Las alertas sobre la contaminación y condición de salud de las familias del Datem del Marañón no son nuevas, pero siguen sin respuesta. En los ríos contaminados, cuerpos enfermos y en territorios superpuestos se expresa una verdad que parece no incomodar, sostenida por el silencio y la inacción del Estado. La industria petrolera continúa avanzando sobre territorios ancestrales generando daño, profundizando la desigualdad y la injusticia ambiental.
Desde 2017, la Alianza Cuencas Sagradas, impulsada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú y Ecuador, busca amplificar estas voces. “Necesitamos que lo que pasa aquí se escuche, que se generen alertas reales y alianzas que beneficien al territorio”, explica Wrays Pérez, vicepresidente de la iniciativa.
Las naciones Achuar, Kichwa y Kandozi no piden caridad. Exigen derechos, salud, remediación y respeto a su decisión histórica de defender la vida. Ignorarlas no solo es una omisión: es una forma de violencia que sigue fluyendo, como el petróleo, bajo las aguas. Resulta fundamental declarar la Amazonía como Zona de Vida para proteger el bioma y sus pueblos.