El acuerdo sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, en alusión a la ciudad en que se adopta, es referido como un hito en materia de democracia ambiental y un ejemplo a nivel mundial en materia de inclusión y co-gobernanza, dada la inclusión de la sociedad civil durante el proceso de intercambio y negociación. El Acuerdo de Escazú, tiene su origen en el Principio 10 de la Declaración de Río en 1992 y es el resultado de años de negociaciones entre los países de la región para, finalmente, entrar en vigor el 22 de abril de 2021 con la ratificación de 11 países, la gran mayoría Estados caribeños.
Dos años más tarde, con 15 países parte, entre ellos Ecuador, se sostuvo, entre el 18 y 21 de abril, la 2da Conferencias de las Partes (COP) en Buenos Aires Argentina. La celebración de esta COP, extraordinaria, se da en un contexto en que resulta imposible ignorar o desacreditar la policrisis que el sistema de desarrollo occidental-antropocéntrico ha tejido y del cual parece complejo escapar, no obstante la región cuenta con ejemplos vivos de sistemas ecocéntricos, basados en la interdependencia con la naturaleza y la colaboración, en la Amazonía, dónde pueblos y nacionalidades han vivido milenariamente en armonía con su entorno. En ese contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú no es banal y resulta más relevante que nunca en una región que ha establecido una sentencia de muerte para la naturaleza y personas que viven en interdependencia con esta, en favor crecimiento perpetuo de la economía global.
La COP2 del Acuerdo de Escazú establecio una agenda de trabajo que se centraba en la elección de los candidatos para el Comité de Apoyo para la Aplicación y Cumplimiento (CAAC), órgano subsidiario del Acuerdo, clave para la implementación efectiva, y la definición del proceso para la elaboración del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina, establecida en la decisión 1/6 de la COP1 en Santiago de Chile[1]. Los resultados en ambos elementos de la agenda han dejado sensaciones mixtas no obstante ha se ha logrado avanzar en la senda de la puesta en marcha e implementación del Acuerdo, que debe promoverse y potenciarse.
En particular sobre el Plan de Acción de Defensorxs, se propuso, por parte de la Secretaria del Acuerdo, un proceso para establecer el índice, es decir la estructura del plan, contemplando un período de consulta en línea de dos meses. Al respecto, el “público” (utilizando la jerga que establece el Acuerdo) observó la necesidad de reevaluar el marco de tiempo de la consulta y los canales y mecanismos propuestos dado que, plantear una consulta en línea ignora y descuida las realidades de los pueblos y comunidades defensoras en materia de acceso a internet y uso las TICs y que la consulta les incumbe de manera particular a dichos actores. Así, se elevaron propuestas para el establecimiento de una campaña de difusión de la consulta a través de las radio locales para zonas más aisladas y el desarrollo de una consulta pública presencial a nivel subregional, reconociendo la existencia de casos exitosos en la región como fue la aprobación de la política de salvaguardas sociales y ambientales del BID.
Por otra parte, es clave reconocer que una de las mejores herramientas para el resguardo de los defensorxs en la región es la protección territorial. Esto es; el establecimiento de zonas de exclusión de actividades extractivas, en particular los combustibles fósiles, y la creación de áreas naturales protegidas en zonas donde habitan los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial), entendidos como defensores sin voz. Lo anterior, además, permitiría cumplir con los compromisos de los Estados en materia de cambio climático (NDCs) y de promover el nuevo marco de protección de la biodiversidad recientemente acordado en Montreal.
Ahora, lo que se tiene sobre la mesa es un proceso de consulta (para la elaboración del Plan de Accion de Defensorxs) que debe difundirse y alcanzar una participación representativa y amplia. Ello, frente a la probable ausencia de los Estados queda en las manos de los actores de la sociedad civil e individuos movidos por la democracia ambiental y los principios que promueve Escazú.
El periodo de consulta cierra el 21 de junio.
¡Juntxs mas fuertes!