Por Guisela Loayza para la Alianza Cuencas Sagradas
A puertas de la COP3 del Acuerdo de Escazú que se llevará a cabo entre este 22 y 24 de abril en Santiago de Chile, anotamos los puntos en común a los que se enfrentan las personas y pueblos defensores de la Naturaleza centradas en la situación peruana y ecuatoriana.
A continuación, algunos datos importantes en torno al Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú: Ecuador ratificó este tratado el 21 de mayo de 2020 ante las Naciones Unidas mientras que en Perú, su Congreso de la República, rechazó ratificar el acuerdo hasta en 3 oportunidades, a pesar del papel protagónico que tuvo la Cancillería peruana durante las negociaciones de su contenido y su suscripción.
Pese a dicha diferencia, los pueblos defensores a través de sus liderazgos más visibles y sus organizaciones se enfrentan en ambos países a similares desafíos y amenazas con pequeños matices en las diferencias. El Estado ecuatoriano ha emitido normas que buscan debilitar el derecho fundamental a la consulta previa y prelegislativa de las naciones y pueblos originarios, entre ellos el Decreto Ejecutivo No. 754 (declarado inconstitucional en noviembre de 2023) y el reciente Manual para la operativización de la Consulta Previa en Minería (marzo de 2024). Asimismo, frente a las reivindicaciones de las naciones indígenas para que el Estado no imponga o revierta la imposición de proyectos extractivos en sus territorios, el Estado criminaliza y acosa judicialmente mediante procesos penales de manera masiva y sistemática, como lo sucedido con más de 200 luchadores sociales y defensores ambientales que participaron en las protestas de 2021.
Otro ejemplo, en agosto de 2023, se aplicó un referendo nacional que dio como resultado que la ciudadanía ecuatoriana decidiera mantener en el subsuelo el petróleo del bloque 43 ITT que se halla parcialmente al interior del Parque Nacional Yasuní. Hogar de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri, Taromenane y de otros pueblos en diferente nivel de contacto, colindantes al territorio ancestral de la nación Waorani. A 4 meses de vencer el plazo para cumplir con el resultado del referendo, lo que implica desmantelar las instalaciones petroleras, diferentes voces del Gobierno incluido el Presidente la República manifiestan sus intenciones de no cumplir con el mandato popular.
En el lado peruano, las personas y pueblos defensores de la Naturaleza se vienen enfrentando a un constante bombardeo de normas que debilitan la institucionalidad ambiental y que fomentan y protegen actividades ilícitas e informales tanto en minería, agricultura ilegal, tala ilegal, entre otros. Las frecuentes y superpuestas crisis políticas se manifiestan crudamente en el desmantelamiento de lo institucional y el debilitamiento de lo ya conquistado en protecciones ambientales y derechos humanos.
El caso que más resuena, sin ser el único, se refiere a la Ley 31973 (publicada en enero de 2024) la cual formaliza a quienes deforestaron el bosque para instalar cultivos sin cumplir los requisitos exigidos originalmente por la Ley Forestal. Las beneficiarias de esta ley resultan ser grandes empresas de monocultivo (palma aceitera, cacao, café) cuyos procesos administrativos sancionatorios y procesos penales avanzados por el Ministerio Público, pasarían al archivo pues sus actos de depredación han sido convalidados gracias a la Ley 31973.
En el mismo sentido, los mineros ilegales, conocidos depredadores que han construido cárteles mafiosos, han logrado un lobby importante en el Congreso de la República consiguiendo para sus intereses que se apruebe la Ley 31989 la cual eliminó el límite de tiempo para formalizarse, así como desautoriza a la policía a tomar medidas respecto a la tenencia ilegal de explosivos y otros medios que usan en sus operaciones de extracción delictiva de mineral. De esta forma, las mafias de la minería ilegal seguirán operando sin que la policía nacional pueda tomar medidas al respecto.
Cabe enfatizar que previa a la aprobación de las normas mencionadas, los territorios de los pueblos indígenas se encontraban sometidos a grandes presiones por las invasiones de las actividades ilegales, ilícitas e informales como las mencionadas arriba. Trayendo consigo la pérdida de territorios y las consecuencias nefastas en sus vidas, salud, cultura y la salubridad de los ecosistemas. Además de la persecución y asesinato de comunidades enteras y de los liderazgos más visibles que defienden sus territorios. Y por supuesto, donde las estructuras organizativas no son sólidas entre otros factores, la llegada de los invasores propicia fraccionamientos y conflictos internos, pues se tratan de zonas donde escasean los servicios básicos y oportunidades laborales, viéndose tentados a ingresar a estas economías ilegales.
Pues bien, con las normas mencionadas, la algidez de la presencia de mineros ilegales, madereros y agricultores informales se incrementará drásticamente, y consigo se elevará la cifra de quienes se ven obligados a huir de sus territorios y sin duda de las y los defensores perseguidos y asesinados. Las organizaciones indígenas y aliados vienen tomando todas las medidas que tienen a su disposición, pero cuando se tratan de estructuras de poder y económicas que han permeado entidades estatales como el Congreso de la República, se enfrentan a una batalla totalmente dispar, donde los mecanismos para recomponer el sistema parecen no funcionar y la impunidad de quienes transgreden vidas, territorios y Naturaleza se vuelve la regla.
A falta de ratificar Escazú, el poder ejecutivo peruano aprobó un Protocolo para defensores, mientras que Ecuador, aún no toma el sendero de la implementación del Acuerdo de Escazú, teniendo en común el desamparo de personas defensoras, sus familias y sus comunidades pues en ningún caso las medidas se concretan en el territorio, principal reclamo al que se refieren en todos los espacios nacionales e internacionales. Por tanto, estas personas deben decidir entre permanecer en sus territorios, arriesgándose a sufrir una grave e irreparable afectación o huir para salvarse, en ambas situaciones las repercusiones y consecuencias resuenan de manera colectiva, en los pueblos indígenas defensores.
Sin duda los Estados como el peruano y ecuatoriano, y en general toda Latinoamérica, tienen una gran deuda para garantizar en los territorios, que se concreten medidas de protección efectivas para quienes prestan una labor invaluable de defensa de la Naturaleza y los derechos humanos. Lo cual debe ir de la mano de manera imprescindible, con la adopción de medidas por parte de los Estados para prevenir y erradicar las causantes de las amenazas, es decir, lograr la prevención del ingreso o el destierro efectivo de las actividades ilícitas, irregulares e incluso de toda actividad extractiva, impuesta de manera arbitraria e inconsulta en los territorios indígenas. Muchas organizaciones indígenas han observado que precisamente Escazú y sus mecanismos para hacerlo efectivo, son valiosos y fortalecen derechos pero sin conseguir plasmar cómo se hará efectiva la protección.
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