«Después de 45 días de buscar un diálogo pacífico de acciones inmediatas y no tener ninguna respuesta positiva del Estado y de la empresa Petroperú se generaron estos problemas»
Olivia Bisa, presidenta de la nación Chapra para la agencia EFE
Loreto- El pasado lunes 16 de octubre, una embarcación que transportaba a cuatro trabajadores de OEFA y un representante de PetroPerú fue retenida en la comunidad Chapra de Shoroya Nuevo. El personal de la OEFA se trasladaba para realizar una tercera evaluación del impacto del crudo tras el derrame en el Km 177. Tras 45 días de reportado sin su debida atención por parte de la empresa, miembros de las comunidades habrían alertado que ante la creciente de lluvias, el crudo estaría afectando nuevas cochas, fuente de agua y proyectos de piscicultura de las comunidades de la zona.
Esta acción fue rápidamente resuelta y se permitió que el personal de OEFA ingrese a la zona afectada para el pertinente desempeño de su evaluación. Sin embargo, los pobladores retuvieron durante algunas horas más al representante de la petrolera exigiendo la presencia de la gerente de relaciones comunitarias Cecilia Quiroz quien el pasado 13 octubre junto a otros representante de la empresa, prometieron que Petroperú ingresaría el día 20 de octubre realizar los trabajos de contención, y a la entrega de víveres y agua segura a las familias afectadas; acción que aún no se concreta pese a la contundente evidencia de la contaminación de fuentes de agua. Hecho que habría sido verificado por la OEFA en esta misma inspección.
«A mí me preocupa bastante. Todos tenemos derecho a la libertad y soy consciente de que estas actitudes no deben ser (…), pero lamentablemente la desesperación al no tener ninguna respuesta hace que la población decida este tipo de acciones»
declaró Olivia Bisa para la agencia de noticias EFE.
La falta de cumplimiento de los compromisos y el cuestionamiento sobre el nivel de contaminación por parte de la empresa ha expuesto al límite a las comunidades chapra y wampís afectadas por el derrame. Sin agua ni alimentos seguros para consumir, con proyectos económicos afectados y ante el silencio de parte parte del Estado y la empresa petrolera, exponen a situaciones límite a las poblaciones que no encuentran respuesta ante los efectos del crudo en su salud y vidas.
En este contexto de tensión entre la empresa privada y las comunidades wampís y chapra, urge la intervención del Estado enfocada en el respeto a los derechos de la población sobre los intereses económicos. Para lograr el anhelo de una sociedad peruana más justa y equitativa resulta imperativo romper con las dinámicas históricas de olvido a los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra Amazonía, a quienes hemos sometido por siglos a condiciones de empobrecimiento en nombre de un «desarrollo» que no termina de llegar y mucho menos para ellos