Santiago, 21 de abril.- Inicia la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: Acuerdo de Escazú.
Una delegación de lideresas y líderes indígenas de la Amazonía se ha hecho presente en la COP1 de Escazú con el objetivo de impulsar disposiciones específicas para asegurar la participación efectiva y vinculante de los pueblos y nacionalidades en el funcionamiento de la Conferencia de las Partes y la implementación del Acuerdo. Ello, en base al reconocimiento de sus distinciones y particularidades y el ancestral labor de protección de los bosques y territorios, lo que implica graves persecuciones a la vida, como la persecución y asesinato.
Durante el proceso de la discusión de las reglas de procedimiento del Acuerdo y la Composición del Comité de Implementación del Acuerdo, el representante de las COICA, Nadino Calapucha, coordinador de la agenda de defensores, ha dejado claro la relevancia de asegurar la participación de público y, en particular, la necesidad de que se establezcan instancias para abordar la inclusión efectiva de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión del Acuerdo. Asimismo, la delegación, compuesta por Lolita Pijahuague y Miguel Guimaraes, ha manifestado la relevancia del acuerdo para los pueblos en tanto dispone de menciones específicas para la protección de los defensores. Ello, en circunstancias en que los representantes de los pueblos indígenas son perseguidos, criminalizados y asesinados por defender sus territorios y culturas. De hecho, en lo que va del 2022, cinco defensores han sido asesinados en Perú.
El último 20 de abril, Ulises Rumiche, gerente de Pueblos Originarios de la Municipalidad distrital de Pangoa – Junín habría sido asesinado en circunstancias aún en investigación. Lo anterior, en un contexto en que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se ha pronunciado en innumerables oportunidades para exigir mecanismos efectivos e incluyentes para la protección de los líderes y activistas amazónicos, gravemente amenazados por actividades extractivas ilegales como la minería, tala y el narcotráfico. Para Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la COICA “es inaceptable que la criminalización y los asesinatos en defensa de los territorios, de la naturaleza, de los derechos se vuelvan una práctica diaria de los intereses oscuros del extractivismo y las actividades asociadas a la destrucción de la Amazonía”.
Esta situación se extiende en todos los países parte de la cuenca amazónica, como Ecuador, donde pese a estar suscrito al Acuerdo de Escazú, a diferencia de Perú, las poblaciones siguen siendo vulneradas por las mismas amenazas. De hecho, recientemente, la Asamblea Nacional de Ecuador dio amnistía a 268 líderes ambientales y sociales pero la criminalización persiste.
» Quisiera que esta COP1 cierre bien y se establezca un grupo de trabajo específico para la inclusión y participación efectiva de los pueblos indígenas»
Nadino Calapucha, líder kichwa ecuatoriano para de COICA